En lo que la compañía denuncia como un movimiento ilegal, Trump redujo el tamaño de los monumentos nacionales Bears Ears y Grand Staircase-Escalante. Se convirtió en la mayor eliminación de tierras protegidas de la historia del país.
“El presidente robó tus tierras”. Esa es la provocadora leyenda en blanco y negro que corona la página oficial de Patagonia. La semana pasada, la compañía demandó al presidente Donald Trump: lo acusa de abusar de los poderes de su oficina tras redelimitar los espacios de dos monumentos nacionales. La combinación de ellos significa un total de dos millones de acres.
“La proclamación del presidente Donald Trump del 4 de diciembre le roba a los estadounidenses su herencia de tierras públicas. Al presidente y un puñado de políticos les gustaría que ustedes crean que están haciendo lo que es mejor al rescindir un 85% del Monumento Nacional Bears Ears y casi la mitad del Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante. Nada puede estar más lejos de la verdad. Esta acción no tiene precedentes y es altamente impopular. Y también es ilegal, por lo que Patagonia va a desafiarla en la corte”, disparó Rose Marcario, CEO de Patagonia.
Un malestar que movilizó a muchos
Patagonia y sus socios ya habían advertido en agosto que estaban listos para ir a juicio, después de que la administración de Trump indicara que se tomaba en serio la redelimitación.
“No hemos rehuido a hacer conocidas nuestras creencias y no creo que vayamos a volvernos tímidos ahora. Ciertamente se trata de un paso que nunca hemos dado antes en este contexto. Pero la decisión del presidente no tiene precedentes. Y por eso llama a un tipo de respuesta diferente”, expresó Robert Tadlock, uno de los abogados de Patagonia.
Pero no fueron los únicos. Prácticamente desde el anuncio del gobierno, se archivaron un diluvio de denuncias de actores involucrados en la lucha por la conservación de tierras. Entre ellas se cuenta una presentada por una coalición de diez grupos de conservación y otra de la mano de cinco tribus de nativos americanos que sostienen que las órdenes del presidente ponen en peligro sitios sagrados.
En efecto, el año pasado Barack Obama estableció el Bears Ears después de un pedido de la coalición intertribal que citó una creciente ola de robos y vandalismo en más de 100.000 sitios culturales nativos del área.
El gobierno tiene ahora 60 días para responder a la demanda de Patagonia. “No esperaría la decisión hasta algún momento del año que viene, pero es muy difícil predecir qué tan rápido sucederá”, explicó el abogado de Patagonia.
Fuego cruzado
Contrapuesta a estas visiones, el mandatario enmarca su decisión como una corrección a lo que considera un sobrealcance federal anterior. “Reduje el tamaño de los monumentos porque algunas personas creen que los recursos naturales de Utah deberían ser controlados por un pequeño puñado de burócratas muy distintas ubicados en Washington. ¿Y adivinen qué? Están equivocados”, apuntó Trump.
Y mientras la empresa cuestiona que ahora esas tierras serán destinadas a la explotación de petróleo y gas, los republicanos lo niegan. “Creo que es vergonzoso y espantoso que mientan descaradamente con tal de obtener dinero en sus cofres. Ninguna tierra, ni una sola pulgada cuadrada se ha transferido o vendido”, disparó Zinke.
Por su parte, Patagonia advierte que la historia demuestra que cuando el gobierno federal concede, vende o regala tierra federal a los estados, el 70% de la misma es vendida a intereses privados, poniendo en peligro el acceso público.
Además expresa que es un mito que se necesiten más tierras públicas para el desarrollo de gas y petróleo. En la actualidad, el 90% de las mismas están abiertas a leasing de ese sector y solo un 10% se protegen para recreación, conservación y vida silvestre.
En esta línea, más de 7.500 permisos de perforación en tierras federales están ociosos y sin perforar. Y en 2015, las empresas del rubro produjeron 175 millones de barriles de petróleo crudo de estas tierras, un 60% más que en 2008.
Desde el otro lado, en Utah quienes se oponen expresan lo que se ve como preocupaciones que chocan. Y es que mientras se muestran preocupados por el potencial impacto ambiental que tendrá un mayor turismo en el área, también insisten en preservar el acceso para intereses energéticos y de perforación.
Además abrir esas tierras a ese tipo de usos fue apoyado por políticos prominentes del área, como el senador de Utah, Orrin Hatch. Por su parte, Zinke sigue recomendando otra serie de cargas como contra los monumentos nacionales Cascade-Siskiyou en la frontera de Oregon y California y Gold Butte en Nevada.
También recomendó cambiar las fronteras de las Pacific Remote Islands y el Rose Atoll Marine en el Océano Pacífico. Todo esto se suma a más propuestas similares en la gestión de otros diez monumentos para permitir pastoreo, madera, pesca, acceso de carretera y otros usos.
¿Dos reyes?
En el caso particular de Bears Ears, la administración de Obama lo estableció el año pasado en 1,3 millones de acres. Y en su momento, la decisión del demócrata también fue cuestionada, aunque por los republicanos de Utah. Esas voces disidentes lo compararon con “la tiranía unilateral ejercida por el Rey de Inglaterra contra las colonias americanas dos siglos y medio atrás”.
Pero para la marca de indumentaria deportiva es Trump quien está jugando a ser rey. Así, además de hacer pública su postura, desde su web también alienta a apoyar los 18 grupos de activistas y postear la temática en las redes sociales.
“Sentimos que esto no es sobre quién es la administración. No se trata sobre la política. Se trata de la cuestión de tierras públicas. Hemos sido consistentes con este tema durante 40 años. Es algo por lo que peleamos desde que empezamos y ser la voz en estas problemáticas, honestamente es una gran razón sobre por qué la empresa sigue operando”, remarcó Tadlock.
En efecto, durante estas décadas de compromiso, Patagonia ha desempeñado un papel clave a la hora de estrablecer varios monumentos de este tiempo, incluido el Bears Ears en Utah, el Basin and Range y el Gold Butte en Nevada.
Malo para el ambiente, malo para el negocio, malo para el país
Con este panorama de fondo, desde la compañía apuntan que la decisión se presenta como un potencial impacto devastador en las economías locales y la economía multimillonaria de la industria de recreación al aire libre.
Esto se debe a que las tierras públicas albergan el 71% de los escaladores, el 70% de los cazadores y el 43% de los remeros en Estados Unidos, a la vez que contienen casi 200.000 miles de caminos de hiking y 13,000 millas de senderos de bicicletas.
Este rubro se encuentra entre los mayores de la economía estadounidense: contribuye con 7,6 millones de puestos de trabajos y USD 887.000 millones anuales por parte de los consumidores, superando ampliamente los puestos de trabajo y dinero que genera la industria de petróleo y gas.
¿Es legal o no es legal?
Más allá de las visiones que chocan y los potenciales impactos que traen uno u otro panorama, lo que se debe definir judicialmente es si el accionar de Trump se desempeñó legalmente.
Los analistas legalistas no se ponen de acuerdo sobre si el presidente tiene o no la autoridad de reducir Bears Ears y sitios de conservación similares sin la acción del Congreso.
“El presidente no cuenta con la autoridad bajo el Antiquities Act para hacer lo que hizo. El ejecutivo solo tiene el poder de gestionar la tierra federal al punto que el Congreso le concede ese poder”, remarcó Tadlock.
Y en julio, 121 eruditos legales apoyaron esa teoría en una carta enviada al Secretario de Interior, Ryan Zinke.
Del lado opuesto, se encuentran Todd Gaziano de la Pacific Legal Foundation y el profesor John Yoo, conocido por su trabajo durante el gobierno de George W. Bush de eliminar la tortura de la lista de crímenes de guerra.
“Trump tiene el derecho de revertir los monumentos nacionales creados por presidentes anteriores sin un acta del Congreso, pero del mismo modo, la Constitución crea un cheque al permitir que otros presidentes futuros también reviertan la acción de Trump”, sostuvo el par en una editorial en julio.
