El Gobierno busca acelerar desde esta semana los procedimientos de deportación. La normativa profundiza la grieta en materia de inmigrantes, con crecientes casos de abuso infantil en los centros de detención fronterizos y maltrato a detenidos en prisiones.
Las políticas del presidente Donald Trump vienen siendo foco de controversias desde que asumió su cargo en enero de 2017. Un punto particularmente delicado son sus regulaciones en materia de inmigración y el trato que su administración da a los inmigrantes.
En esta línea, anunció que está acelerando los procedimientos de deportación. A partir de esta semana, cualquier inmigrante arrestado no autorizado que haya estado en Estados Unidos por menos de dos años podría ser deportado sin una audiencia ante un juez de inmigración, según una normativa que se publicará en el Registro Federal.
Legislación y reacción inmediata
La Immigration and Nationality Act se está trabajando desde hace tiempo y permite modificar las condiciones para usar los procedimientos de remoción expedita, aunque es probable que el Gobierno se enfrente a nuevos desafíos legales. "Ampliar el procedimiento de vía rápida para aplicar en cualquier lugar de los Estados Unidos es una receta para destrozar a miles de familias más y devastar a las comunidades. Éste es un cambio masivo y peligroso", advirtió Grace Meng, Directora Adjunta de Human Rights Watch.
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Silicon Valley, la tierra prometida La gran mayoría de la comunidad tecnológica, que depende ampliamente de las habilidades de inmigrantes, tomó la posta contra las regulaciones migratorias de Trump desde que en enero de 2017 firmó una orden ejecutiva que temporalmente prohibía el ingreso de todos los refugiados y personas provenientes de Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Microsoft, Amazon y Expedia fueron las más expresivas a la hora de emitir comunicados y declararon su apoyo a la Oficina del Procurador General del Estado de Washington en su accionar judicial en contra de la orden. Airbnb, Uber, Lyft, Facebook, Google y Apple son otros de los grandes nombres que se opusieron a la medida y expresaron sus preocupaciones en torno a las implicaciones de la misma. |
"Ampliar el procedimiento de vía rápida para aplicar en cualquier lugar de los Estados Unidos es una receta para destrozar a miles de familias más y devastar a las comunidades. Éste es un cambio masivo y peligroso", advirtió Grace Meng, Directora Adjunta de Human Rights Watch.
No es de extrañar que las reacciones en contra desde el mundo corporativo se hicieran escuchar pronto. Pero la grata sorpresa es que este frente se vuelve cada vez más diverso. Y es que si bien desde el inicio del mandato de Trump, muchas empresas se han levantado en contra de la postura oficial hacia los inmigrantes, varias permanecen impávidas.
Algunas temen ser atacadas por Trump, otras priorizan arreglos comerciales o callan ante escrutinios regulatorios. Pero con la reputación de la marca en juego, el espectro se diversifica y son más quienes están estableciendo un estándar más alto. En primera línea de esta ofensiva, resonó la voz de uno de los principales desarrolladores de bienes raíces, Toby Bozzuto, CEO de Bozzuto Group. "No los manden a casa, tráiganlos acá. Envíenlos a Bozzuto, donde podemos mostrarle al mundo las cosas hermosas que pueden suceder cuando personas de opinión, género, raza, orientación sexual y antecedentes diversos se unen", desafió Bozzuto.
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Otro nivel de activismo corporativo
Pero la deportación no es el único problema de una intolerancia cada vez más normalizada, sino también las condiciones de vida en los centros de detención. La preocupación por la reputación corporativa es legítima y su importancia está creciendo con cada nueva historia sobre el abuso infantil en los centros de detención fronterizos y la violencia que sufren los detenidos en prisiones.
En esta línea, Bank of America se ha convertido en el último de una serie de instituciones financieras líderes que ponen fin a cualquier apoyo financiero para las empresas privadas de detención y prisión CoreCivic y GEO Group.
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Un contrincante con fuerte respaldo A pesar de la creciente comunidad que se une para poner un freno a estas medidas, Trump todavía cuenta con un amplio respaldo de grupos de presión, donantes, aliados corporativos y gobiernos. En este sentido, GEO Group, para la cual el poderoso magnate Brian Ballard cabildea, en 2017 ganó un contrato de USD 110 millones para construir un nuevo centro de detención de inmigrantes en Texas. |
La entidad siguió el ejemplo de Wells Fargo y JPMorgan Trust, quienes abandonaron sus lazos con los mismas en enero y marzo, respectivamente, en parte como respuesta a meses de presión de una coalición de más de 70 organizaciones de derechos humanos que utilizaban el hashtag #FamiliesBelongTogether.
Eso había dejado a Bank of America como el único de los seis principales bancos norteamericanos en seguir habilitando prisiones privadas o centros de detención a través de una relación financiera. También lo expuso a críticas renovadas sobre un problema relacionado con la inmigración que surgió el año pasado, cuando empezó a congelar las cuentas de clientes individuales sobre su estado de ciudadanía -una práctica que si bien es común en otros países, es muy inusual entre los bancos de Estados Unidos-.
Con su nuevo rumbo, se espera que este fuerte aliado traccione más voluntades. "A falta de claridad legal y política, y en reconocimiento de las preocupaciones de nuestros empleados y partes interesadas en las comunidades a las que servimos, nuestra intención es salir de estas relaciones", expresó Bank of America en un comunicado.
