Estas herramientas buscan acercar al sector privado, OSC y Estado a la Agenda de desarrollo 2030. Ambas organizaciones publicaron una guía del “Laboratorio de Políticas de Articulación” que contiene información práctica para implementar estos instrumentos.
Con el fin de transformar al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a los gobiernos municipales y provinciales en verdaderos aliados de la Agenda 2030, el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas (CIMA) lanzaron los “Incentivos de Bien Público”. Se trata de una herramienta clave para escalar buenas prácticas en ciudades.
El instrumento surge ante lo poco que falta para el 2030 y lo lejos que nos encontramos del cumplimiento de los Objetivos y metas que se plantearon. La misma ONU ha monetizado el financiamiento necesario para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a tiempo: US$ 300 billones. La cifra no solo es difícil de visualizar, sino también imposible de reunir solo con fondos públicos o filantrópicos. Es tal la envergadura de los cambios que hacen falta que dichas vías de financiamiento ya no alcanzan.
¿Cómo hacer para achicar esa brecha que además de financiera también es política y de confianza? Ya que parecería que promover iniciativas de articulación innovadoras ya no es suficiente.
Es ahí donde el sector privado tiene una carta que jugar. La buena noticia es que si se logra movilizar el 1% del capital financiero global hacia el triple impacto, podríamos traccionar gran parte de esa brecha. La pregunta que surge entonces es: ¿Cómo hacer para achicar esa brecha que además de financiera también es política y de confianza? Ya que parecería que promover iniciativas de articulación innovadoras ya no es suficiente.
UNA herramienta multisectorial
Es con esto que pueden ayudar los Incentivos de Bien Público: instrumentos de política pública que construyen consenso sobre las prioridades locales y reconocen a las empresas que contribuyen a solucionar esos problemas con una serie de beneficios, a través de un proceso de gobernanza participativa. Para sacar su máximo provecho, GDFE y CIMA los detallan en profundidad en el documento “Incentivos de Bien Público. Lineamientos conceptuales y pautas para la implementación”.
La guía contiene reflexiones y propuestas concretas para desarrollarlos en ciudades y colaborar en la construcción de marcos legislativos a nivel nacional. Este innovador trabajo surge del Laboratorio de Políticas de Articulación, un proceso de diálogo entre referentes de empresas, OSC y funcionarios públicos de diferentes niveles organizado por el GDFE y CIMA, que incluyó entrevistas bilaterales y encuentros presenciales multiactorales.
¿Cuál es la oportunidad de los Incentivos?
Las dos organizaciones apuntan que ayudan a salir de la lógica de “castigar”. En cambio, ayudan a “premiar” a las empresas más responsables de sus comunidades e involucrar a las que aún no se han comprometido. De este modo apuntan a traccionar con mayor efectividad a un sector privado que hoy tiene la capacidad de ser el actor diferencial en materia de financiación.
Bajo este espíritu, el documento pretende romper con algunas de las barreras existentes y con la desconfianza que por lo general existe entre gobiernos municipales y empresas. Para eso da un primer paso fundamental: esgrimir puntos de encuentro que sean posibles de sostener en el tiempo y que permitan avanzar buscando el desarrollo de las comunidades desde una vocación renovada para crear más y mejores bienes públicos.
