En Argentina, hace tiempo se barajan distintos proyectos de ley basados en la REP. Sin embargo, no parecen haber avances. Junto a la Cámara Argentina de la Industria Plástica y Fundación Vida Silvestre analizamos la situación en el país.
Todavía regidos en gran parte del mundo por un modelo lineal de producción-consumo-desecho, la generación de basura crece de modo exponencial. Como consecuencia, la preocupación por la crisis aumenta, junto con la demanda social de que todos los actores involucrados en este círculo vicioso se hagan cargo de su parte de la responsabilidad.
Para ello, se revela como urgente la necesidad de abordar un sistema de gestión integral de residuos y de legislar de manera concreta sobre esta problemática. En respuesta, distintos países adoptaron el principio de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Vigente desde hace más de 20 años, en Europa, este Principio apunta que las compañías envasadoras que distribuyen los envases en el mercado cubran los costos y la gestión de esos residuos.
A nivel global, hay distintos niveles de normativa vigente, y cada país puede llegar a tener varias leyes REP en su legislación -separadas por tratamiento de distintos productos para su reutilización, reciclado o correcta disposición-. ¿Y qué pasa en Argentina? Hace poco se incorporó la Ley de gestión de envases vacíos de fitosanitarios y existen distintos proyectos de ley basados en la Responsabilidad Extendida.
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Sin embargo, no parecen haber avances y diversos intentos previos de legislación han fracasado o se han postergado a lo largo de las últimas décadas. “Somos el único país en Latinoamérica que no tiene nada: ni un protocolo ni un piloto”, alertó Sergio Hilbrecht, Gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica y Miembro de Ecoplas.
“Somos el único país en Latinoamérica que no tiene nada: ni un protocolo ni un piloto”, alertó Sergio Hilbrecht, Gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica y Miembro de Ecoplas.
Contar con una normativa de REP permitiría que todos los actores involucrados comiencen a trabajar de manera conjunta para que el sistema de gestión de envases funcione. Esto se debe a que las legislaciones de este tipo pueden abarcan a toda la cadena de manera diferenciada: productores, autoridades, recuperadores, recicladores y consumidores.
“Esto implica un fuerte debate, una fuerte participación de los sectores que van a tener que implementar la ley. Tenemos una larga historia en Argentina de leyes que luego no se implementan porque fueron pensadas puertas adentro y no puertas afuera como tiene que ser”, reflexionó Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre.
En líneas generales, el criterio parece ser aceptado por todos y también están de acuerdo en que hay que sacar una Ley de envases. El problema surge a la hora de darle una forma definitiva. ¿Pero cómo funciona este sistema? Desde el inicio, los envases son pensados, diseñados y puestos en el mercado por los envasadores. En esta línea, según el modelo europeo de “Gestión de Residuos de Envases Domiciliarios”, estos agentes aportan una cantidad dineraria determinada por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado nacional, en función de los diferentes tipos de materiales que los componen, que es acordada por las entidades que participan de la gestión.
El pantanoso contexto local
En el viejo continente, los envasadores además son los encargados de su administración en todo el país. Así, parte se destina a cubrir el gasto extra que implica mejorar el modelo de cada municipio para pasar a uno de recolección diferenciada, teniendo en cuenta sus distintas características. Con más de 2.000 municipios en Argentina, claro que no se trata de una tarea sencilla.
Pero más allá de la logística, acá se alzan diferentes barreras que la tornan más compleja. “Hay una puja de intereses. Hay muchas instituciones, sectores y aún personas que lo que están buscando es que esto tenga un statu quo y se mantenga como está porque mientras los residuos quedan bajo tierra, aparentemente nadie los ve, pero la naturaleza lo siente”, expresó Jaramillo.
“Hay muchas instituciones, sectores y aún personas que lo que están buscando es que esto tenga un statu quo y se mantenga como está”, expresó Jaramillo.
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De esta manera, no todos creen que la responsabilidad -y por ende el costo-, es para los dueños de las marcas que ponen los envases en el mercado. Hay quienes sostienen que debe ser compartida con otros, como los fabricantes del envase o de la materia prima. Mientras que algunos de los pesos pesados el sector privado apuntan a la figura de la “percepción anticipada”, es decir, que el fabricante de la materia prima ponga ese dinero y lo cargue en el precio de ese material.
“No tiene nada que ver: ni el fabricante de la materia prima ni el sector transformador que somos nosotros decidimos con qué tipo de envases se coloca cada producto. Es una decisión corporativa que nos excede por completo. La percepción anticipada no existe en ninguna parte del mundo. Ya se demostró que técnicamente es inviable y aparte generaría una distorsión fenomenal en todo lo que tiene que ver con la provisión de las materias primas”, explicó Hilbrecht.
En paralelo, en nuestro país las cooperativas buscan administrar los fondos o que sea obligatoria su incorporación. En réplica, algunos apuntan que se pueden incorporar porque cumplen una función social que es válida y es reconocida, pero están en contra de que sea de forma obligatoria. Apuntan que no es el fomento de la ley crear puestos de trabajo, sino gestionar adecuadamente los residuos sólidos urbanos.
La educación de todos, para acompañar
Se meten en el debate además medidas alternativas que lleva adelante el Gobierno, como aquellas que apuntan a eliminar los plásticos de un solo uso. “Conservan basurales a cielo abierto, pero prohíben el sorbete, el vaso, la bolsa como si esto fuera parte de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos”, comparó el vocero de Ecoplas. Para ellos, no se trata de prohibir, sino de educar.
“Conservan basurales a cielo abierto, pero prohíben el sorbete, el vaso, la bolsa como si esto fuera parte de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos”, comparó el vocero de Ecoplas.
Esto es algo quelas leyes REP en Europa contemplan: ya que además de solventar los costos mencionados, con parte de toda esa masa crítica de dinero se hacen campañas de educación y concientización para informar al vecino sobre lo que tiene que hacer. Se trata de una pata fundamental, en especial en Argentina, donde por ejemplo se reciclan más de 225.000 toneladas de plástico al año, pero aún así hay un 50% de capacidad ociosa en la industria recicladora.
Frente a esto, el desarrollo e incorporación de políticas públicas, de políticas de educación y el consumo responsable son clave para alcanzar una economía circular. Todos los materiales tienen un impacto, que se torna negativo si son mal dispuestos: el Gobierno, los productores, los consumidores y la sociedad en general tenemos que ser conscientes de esto. Pero con poco eco, los pedidos para revertir esta situación se acumulan y el tema sigue sin instalarse.
“Lamentablemente, en nuestro país las situaciones de contexto son la constante, no son la excepción, y hay que seguir trabajando. Es la única forma de soportar vaivenes en país y poner esta temática en la agenda política y económica más allá de las vicisitudes”, instó Jaramillo.
“El contexto político y económico no es favorable para cualquier discusión que no sea política y económica en este momento. Pero eso no importa porque, lamentablemente, en nuestro país las situaciones de contexto son la constante, no son la excepción, y hay que seguir trabajando. Es la única forma de soportar vaivenes en país y poner esta temática en la agenda política y económica más allá de las vicisitudes”, instó Jaramillo.
