El gobierno porteño adhirió a la New Plastics Economy, la iniciativa de Ellen MacArthur Foundation que busca generar un sistema de plásticos que funcione, aplicando los principios de la economía circular.
La Ciudad de Buenos Aires se sumó al Compromiso Global para la Nueva Economía de los Plásticos, liderado por la Fundación Ellen MacArthur y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La iniciativa propone aplicar los principios de la economía circular, y de esta forma reúne a las partes interesadas clave para repensar y rediseñar el futuro de los plásticos, comenzando por el embalaje.
“Asumimos este compromiso global que apunta a reducir y reciclar los materiales plásticos que se consumen. Esta medida se suma a otras que ya venimos implementando en la Ciudad con excelentes resultados” expresó Eduardo Macchiavelli, Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, sobre esta alianza que se llevó a cabo a través de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), que depende de la cartera.
“Asumimos este compromiso global que apunta a reducir y reciclar los materiales plásticos que se consumen. Esta medida se suma a otras que ya venimos implementando en la Ciudad con excelentes resultados” expresó Eduardo Macchiavelli, Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.
Bajo este espíritu, el objetivo del convenio es reducir la generación de plásticos y combatir la polución. Para ello, consta de una serie de acciones como aumentar la tasa de reciclado; rediseñar e innovar en materia de productos y servicios, mediante, por ejemplo, la incorporación de nuevos modelos de entrega a domicilio; fomentar el consumo de bebidas y alimentos con vajilla reutilizable y no descartable; y buscar incentivos para recuperar los plásticos ampliando ese mercado en Argentina.
La decisión del gobierno de sumarse y asumir esta responsabilidad se sustenta en las acciones que la Ciudad viene llevando a cabo para reducir el impacto del plástico en la vida cotidiana, como la prohibición de entregar bolsas plásticas de un solo uso que entró en vigencia en 2017 y desde entonces evitó que terminen en rellenos sanitarios y desagües más de 500 millones de bolsas por año; o la normativa para la prohibición de sorbetes plásticos que promulgó en 2018.