El pequeño país nórdico sigue dando lecciones en la temática y se convirtió en el primero del mundo en legislar sobre la materia. Aquellas empresas que no cumplan enfrentarán sanciones económicas.
Islandia estrenó el 2018 con una gran noticia: entró en vigor la iniciativa legislativa que ordena al mundo corporativo a nivelar salarios entre hombres y mujeres. Se trata del primer país del mundo en llevar a este extremo las políticas de igualdad.
"El momento es el indicado para hacer algo radical en torno a esta problemática. Los derechos equitativos son los derechos humanos. Tenemos que asegurar que hombres y mujeres disfrutan de iguales oportunidades en su lugar de trabajo. Es nuestra responsabilidad tomar todas las medidas para alcanzar eso", destacó Thorsteinn Viglundsson, Ministro de Asuntos Sociales e Igualdad de Islandia.
Conocida como la Equal Pay Standard, esta normativa es parte de una legislación más amplia propuesta en marzo del año pasado y aprobada en junio. Bajo esta consigna, el estado apunta a eliminar por completo la brecha salarial al 2022. Y el asunto no solo se circunscribe al sexo, sino también a la etnia o la nacionalidad.
Así, a partir del 1° de enero de 2018 las empresas con más de 25 empleados que operen en el país deberán hacer públicos los salarios. Las compañías deberán analizar su estructura salarial cada tres años para asegurar que hombres y mujeres reciben la misma paga por el mismo trabajo.
Esta información se deberá reportar al gobierno. En el caso de salir airosas, recibirán una certificación. Mientras que aquellas que fallen enfrentarán penalidades que incluyen multas.
Anunciada en marzo del año pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la legislación tuvo el apoyo tanto de la coalición gubernamental de centro derecha como de la oposición en el Parlamento, donde casi el 50% de los miembros son mujeres.
El camino al hito
Esta victoria no se dio de un día para el otro. El 24 de octubre de 1975 en Islandia se organizó "El Día Libre de las Mujeres". En aquella jornada, el 90% de las mujeres estuvo en huelga: no fueron a sus puestos de trabajo, no realizaron tareas domésticas. El jaque social de esa movilización tuvo consecuencias a largo plazo en la sociedad para volverla consciente de la necesidad de esa lógica igualdad entre sexos en el mundo laboral.
A pesar del impacto, las mujeres volvieron a abandonar sus puestos reiteradas veces para protestar por la brecha salarial que persistió: en 1985, en 2005, en 2010 y en 2016.
En paralelo, por nueve años consecutivos hasta el 2017 incluido, la nación se ha llevado el primer puesto en igualdad de género en el Global Gender Gap Report del World Economic Forum que mide la representatividad en términos de los salarios, la participación económica, la educación, la salud y el empoderamiento político.
Una diferencia que persiste
Sin embargo, el país atravesó un bache entre 2013 y 2016, cuando la brecha salarial aumentó en algunos sectores como las instituciones financieras y en los municipios fuera de la capital del país, Reikiavik, según la Asociación Islandesa de Derechos de la Mujer.
Con este panorama de fondo, en octubre de 2016 las islandesas volvieron a decir basta: abandonaron sus puestos de trabajo a las 14:38 para protestar en el Parlamento. La hora elegida no fue al azar: varios grupos de derechos de las mujeres habían calculado que a partir de ese horario cada día, las mujeres trabajaban gratis.
En promedio, los islandeses siguen ganando entre un 14% y un 18% más que las mujeres. Así, los activistas esperan que el nuevo proceso de certificación logre lo que las leyes actuales no lograron. Y es que aunque Islandia tiene leyes relacionadas a la temática desde 1961, el nuevo estándar es visto como la primera vez que se dan pasos específicos en la materia.
"Claro que siempre ha sido ilegal pagar de manera desigual a hombres y mujeres. Pero esta es una caja de herramientas legalmente vinculante", diferenció Frida Ros Valdimarsdottir, Presidente de la Asociación Islandesa de Derechos de la Mujer.
La ley que entró en vigor es la primera en el mundo que establece la paridad de género a nivel contributivo y viene a sumarse a otros esfuerzos. Como la Act on Equality and Equal Rights aprobada en el 2000 y mejorada en el 2008; una ley que impone a las empresas tener por lo menos un 40% de mujeres en sus órganos directivos; o la legislación del 2006 que establece el pago de vacaciones durante nueve meses para las embarazadas.
Un sello distintivo
El sistema de verificación de la nueva ley fue elaborado en conjunto con la International Organization for Standardization (ISO).
"Esperamos que pueda ser como el símbolo orgánico que ves en el supermercado, algo que los consumidores pueden ver y saber que las empresas pagan a sus trabajadores de manera justa", comentó Brynhildur Heiðar-og Ómarsdóttir, Gerente Ejecutiva de la Asociación Islandesa de Derechos de la Mujer.
Para cumplir con su cometido, se utiliza un mecanismo de puntaje que tiene en cuenta la experiencia y la educación. "El punto no es que todos reciban exactamente el mismo sueldo, sino el de mirar cualquier discrepancia y preguntar '¿Por qué está pasando esto y qué se puede hacer al respecto?'", explicó Ómarsdóttir.
Este abordaje islandés de "nombrar y avergonzar" ya está teniendo un temprano éxito en otros países que están empezando a adoptarlo. A partir de abril, por ejemplo, todas las corporaciones británicas con más de 250 empleados deberán aportar datos sobre sus recibos de sueldos y explicar cualquier brecha de género.
Tras cerrar la brecha, la próxima tarea que se propone el país es la de asegurar que algunos trabajos como los de oficina o educación no reciban una menor paga solo porque es más probable que incluyan más mujeres que la construcción o la pesca.
"La realidad es que vivimos en un mundo donde el trabajo de las mujeres es menos valorado que el de los hombres y no debería ser así. Las mujeres son igualmente valiosas para la sociedad y todavía queda una larga batalla que enfrentar", disparó Ómarsdóttir.
Los grises de la victoria
Mientras que en general los islandeses celebraron la nueva ley, los números muestran una diferencia según los niveles de ingresos y profesiones. De acuerdo a la encuesta realizada por Market and Media Research, solo el 21% de los islandeses están en contra de la regulación, mientras que un muy superior 41% de los ejecutivos y altos funcionarios se oponen a ella.
"La ley obliga a las empresas más pequeñas a recolectar registros que son técnicamente difíciles de obtener", objeta Halldor Benjamin Thorbergsson, Gerente de la Confederación Islandesa de Empleados. Thorbergsson es uno de los detractores de la iniciativa y apunta que la misma genera complicaciones y gastos adicionales para todos, excepto para las grandes empresas.
El vocero de la confederación apunta que si bien se deberían alentar las auditorías de pagos, debería quedar a criterio de los negocios decidir si instituir esas medidas.
"Una ley que implementa una evaluación de trabajo estandarizada no es una solución sólida a un problema tan ambiguo como éste. Los estereotipos profundamente enraizados que favorecen a hombres y mujeres para ciertos tipos de trabajos y profesiones son el problema fundamental", reflexionó por su parte Thorgerdur Einarsdottir, Profesor de Estudios de Género en la Universidad de Islandia y remarcó que la ley es útil, pero no se trata de una varita mágica.
