Regirá para aquellas empresas de más de 300 empleados. La ley, que falta ser reglamentada, propone también elaborar un Índice de RSE, un sello y beneficios como mejor acceso al crédito o descuentos impositivos para las empresas con mejor desempeño social y ambiental.
A pesar de las resistencias que suelen generar en el sector empresario este tipo de medidas, la legislatura mendocina acaba de aprobar la “Ley de Responsabilidad Social Empresaria” Nº 8.488, que establece la obligatoriedad de presentar un “Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria”.
A la hora de definir el perfil del documento, se asegura que se trata de un “instrumento para informar, medir y evaluar” el resultado de la política social y ambiental de la empresa. La presentación será anual y deberá coincidir con la fecha de presentación del balance financiero, una práctica de simultaneidad que actualmente pocas empresas llevan adelante. Luego de su presentación estos documentos serán de público dominio.
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¿A qué empresas alcanza? Tal como menciona el documento, la aplicación alcanzará a aquellas compañías de más de 300 empleados y una facturación superior a la de las medianas empresas (según criterios de la Sepyme). Regirá para todas las organizaciones que tengan domicilio legal y/o comercial en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza o desarrollen su actividad principal, con al menos un año de funcionamiento allí, desde el momento de vigencia de esta ley. |
No se menciona en la ley el contenido específico que deberá tener el balance, tarea que quedará en manos de la autoridad de aplicación (el Ministerio de Agroindustria y Tecnología, que deberá reglamentar la ley a más tardar el 24 de febrero), aunque ya se habla de indicadores y se toma como referencia al GRI.
También se menciona que la autoridad establecerá un Indice de RSE, a partir de los indicadores que se establezcan. Y a partir del desempeño en ese índice podría obtenerse un sello de empresa Socialmente Responsable. Para garantizar el cumplimiento de los estándares de los que da cuenta el sello se realizarían auditorías, de acuerdo al texto de la ley aprobada.
La ley, a pesar de imponer la obligatoriedad del reporte, también apela a generar atractivos para aquellas empresas que se destaquen. Se mencionan beneficios potenciales como la prioridad en la contratación por parte del estado provincial y municipal, el mejor acceso a créditos provinciales y hasta el 10% de descuento en el pago de impuestos provinciales para la empresa que obtenga el premio anual.
